En palabras de un gran especialista en derecho procesal penal, Julio Maier: “el derecho es, por demás, un producto cultural, esto es, un resultado de la actividad humana, y como tal, depende en definitiva, de puntos de vista ideológicos o políticos”.
Asimismo, es usual definir el orden u ordenamiento jurídico como un conjunto de normas vigentes en tiempo y lugar determinados. Es por ello que frente a la grave situación que puede enfrentar una persona que está siendo perseguido/a por el Estado por la sospecha de haber cometido un delito y a la espera de que se le aplique las mayores y las más gravosas sanciones que se encuentran disponibles en el Derecho Penal. Nuestra intervención como defensoras constituye en exigir al poder que tiene la potestad de de juzgar y sentenciar, la aplicación efectiva de los principios y garantías constitucionales. Las reglas claras y el procedimiento adecuado para que la administración de la justicia sea la más transparente, equitativa y justa posible.
